La abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil acusada de injuria racial, podría enfrentar una condena de hasta seis años de prisión en el juicio que comenzará el próximo 24 de marzo. Así lo advirtió su nueva defensora, Carla Junqueira, quien explicó que el delito por el que está imputada tiene penas efectivas y que el contexto social en ese país vuelve el caso especialmente sensible.

En declaraciones a C5N, la letrada señaló que la legislación brasileña es estricta en materia de discriminación. “El racismo no queda impune en Brasil”, afirmó, y agregó que la Fiscalía solicitó aplicar el concurso material de delitos, lo que elevaría el mínimo de la pena a seis años de cárcel, superando el límite que permitiría evitar la prisión efectiva.

Páez permanece con prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, imputada por injuria racial, mientras avanza el proceso judicial. Según la acusación, habría cometido actos discriminatorios contra tres personas, situación que la Fiscalía utiliza para sostener un pedido de condena más severo.

La defensa, en cambio, rechaza esa interpretación y sostiene que no existen pruebas suficientes para considerar que hubo tres hechos distintos. Junqueira explicó que el video que se difundió públicamente no tiene audio y, a su entender, no demuestra de manera concluyente los delitos que se le atribuyen.

De cara al juicio oral, la estrategia de la defensa apunta a reducir la calificación legal y lograr que, en caso de condena, la pena sea menor. “Reconocemos que hubo una situación inapropiada, pero no en los términos que plantea la acusación”, indicó la abogada, quien también planteó la posibilidad de que la joven pueda cumplir una eventual condena en Argentina.

La letrada adelantó que el objetivo inmediato es solicitar la revocación de las medidas cautelares para que Páez pueda regresar al país mientras continúa el proceso. No obstante, admitió que el escenario judicial es complejo debido a la fuerte repercusión pública del caso en Brasil.

El juicio será breve y estará a cargo de un juez de primera instancia, quien deberá resolver la responsabilidad penal de la acusada luego de escuchar los testimonios y analizar las pruebas incorporadas a la causa.