Chile inicia este miércoles una nueva etapa política con la asunción de José Antonio Kast como presidente, tras el final del mandato del dirigente progresista Gabriel Boric. El nuevo jefe de Estado llega al poder con una agenda centrada en la seguridad pública y el control migratorio, en un contexto económico que logró estabilizarse en los últimos años, aunque todavía enfrenta importantes desafíos.

Kast, referente de la derecha chilena y defensor del legado de la dictadura de Augusto Pinochet, asumirá con la promesa de "recuperar la grandeza de Chile". Durante la campaña, el ahora mandatario insistió en que el país atraviesa una situación crítica y planteó la necesidad de impulsar un "Gobierno de emergencia" para enfrentar lo que describió como una crisis marcada por el avance del crimen organizado y los problemas migratorios.

Sin embargo, diversos analistas sostienen que el escenario económico que recibe el nuevo gobierno no es tan crítico como lo plantea su discurso, aunque tampoco se caracteriza por un fuerte dinamismo.

El balance económico del gobierno de Boric

Boric llegó al poder en 2022 en medio de una economía recalentada tras los estímulos fiscales y monetarios aplicados durante la pandemia. Uno de los principales resultados de su gestión fue la estabilización macroeconómica, especialmente en materia de inflación.

El índice de precios al consumidor había alcanzado el 14,1% en agosto de 2022, pero luego comenzó a desacelerarse de forma sostenida hasta ubicarse cerca de la meta del 3% fijada por el Banco Central.

En términos de crecimiento, el balance es más moderado. El Producto Bruto Interno (PBI) chileno creció un 2,3% en 2025 y el promedio del mandato de Boric se ubicó en 1,9%, una cifra que muchos economistas consideran insuficiente para las necesidades de desarrollo del país.

"El crecimiento es insuficiente para lo que Chile necesita, pero tampoco se puede decir que la economía esté colapsando", explicó el economista Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo.

Las cuentas públicas también forman parte de los aspectos más discutidos del legado del gobierno saliente. El déficit fiscal estructural alcanzó el 3,6% del PBI en 2025, el nivel más alto en dos décadas, mientras que la deuda pública se ubicó en el 41,7% del PBI. Si bien este nivel todavía es considerado manejable, marca una tendencia creciente que preocupa a parte de los analistas.

Desde el gobierno de Boric señalaron que el deterioro fiscal se debió, en parte, a ingresos menores a los previstos y al fracaso de uno de los pilares de su programa económico: la reforma tributaria que buscaba aumentar la recaudación en el equivalente al 2,6% del PBI.

El mandatario había llegado al poder con la promesa de impulsar cambios estructurales al modelo económico heredado de la dictadura, incluyendo reformas profundas en áreas como pensiones, salud y educación. No obstante, ese proyecto sufrió un golpe decisivo cuando la propuesta de nueva Constitución fue rechazada en un plebiscito, lo que obligó al Ejecutivo a moderar su agenda y avanzar solo con reformas parciales, entre ellas modificaciones al sistema previsional.

Para algunos analistas, uno de los principales déficits del período fue no haber logrado sentar bases más firmes para un crecimiento sostenido. "El peor legado es no haber establecido condiciones para aumentar la productividad", sostuvo el economista Dany Jaimovich, de la Universidad de Talca.

Seguridad y migración, las prioridades del nuevo gobierno

La seguridad pública y la migración irregular fueron los temas que dominaron el debate político en los últimos años en Chile y constituyen el eje central de la agenda de Kast.

A pesar de que las cifras oficiales muestran una reducción en el índice de homicidios -que pasó de 6,8 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 5,4 en 2025-, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada entre la población.

Durante la administración de Boric se impulsaron diversas reformas institucionales para enfrentar el crimen organizado, entre ellas la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una Fiscalía Supraterritorial, el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado y nuevas agencias vinculadas a la ciberseguridad y la reinserción juvenil.

Según el gobierno saliente, estas medidas permitieron comenzar a revertir algunas de las tendencias más preocupantes del delito. Sin embargo, Kast propone endurecer la estrategia, con mayor presencia policial en las calles y el refuerzo de sistemas de vigilancia mediante cámaras, aunque todavía no detalló cómo se financiarán esas iniciativas.

La migración irregular, especialmente la proveniente de Venezuela, fue otro de los ejes centrales de su campaña. En Chile viven cerca de un millón de venezolanos, la mayoría con estatus migratorio regular y con un aporte estimado superior al 1% de la recaudación fiscal, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

El nuevo gobierno prometió perseguir y expulsar a quienes ingresen al país de forma irregular. No obstante, enfrenta desafíos logísticos y diplomáticos para implementar estas medidas, ya que Chile mantiene relaciones tensas con Venezuela y algunos países vecinos, como Perú y Bolivia, han mostrado reticencias a recibir migrantes expulsados.

Además, las estadísticas oficiales muestran que los ingresos irregulares ya han disminuido un 54% en comparación con los niveles registrados hace cuatro años.

Un mandato que comienza con varios desafíos

Con este escenario, Kast inicia su mandato en un contexto de relativa estabilidad macroeconómica, pero con crecimiento moderado y con desafíos importantes en materia de productividad, disciplina fiscal y seguridad pública.

Para los analistas, el nuevo presidente deberá equilibrar sus promesas de mano dura con las restricciones institucionales y económicas del país. Chile, coinciden, no atraviesa una crisis profunda, pero tampoco vive un período de fuerte expansión, lo que deja a la nueva administración el desafío de reactivar el crecimiento sin deteriorar las cuentas públicas ni afectar la cohesión social.