En 10 colegios privados de la provincia de Mendoza prohibieron el uso de celulares en el ámbito académico, siempre que los mismos no estén asignados a una actividad educativa programada. La decisión le corresponde a la Comisión de Educación del Arzobispado (Ceducar) y rige a partir de mayo.

Para su cumplimiento, las instituciones deberán implementar un sistema de guarda organizada de los dispositivos, que serán individualizados en un espacio cerrado al que solo podrá tener acceso las autoridades de la institución. Los padres no podrán comunicarse informalmente con los alumnos.

Los colegios que dependen de Ceducar son el Instituto San Vicente Ferrer y el Colegio Nuestra Señora del Rosario (Godoy Cruz), el Instituto San Miguel (Las Heras), el Instituto Nuestra Señora del Rosario (Lavalle), el Instituto Virgen del Carmen de Cuyo (Maipú), el Colegio San Pío X y Instituto San Vicente de Paul (San Martín), el Colegio Medalla Milagrosa y el Instituto Nuestra Señora del Santísimo Rosario (Junín) y el Instituto Pío X (Tunuyán). Son en total unos 8500 alumnos.

“Nosotros hablamos de una prohibición del uso de celulares en la primaria y de una restricción en secundaria, porque ahí está sujeto al uso educativo. El celular va a estar en un dispositivo guardado, pero no va a estar disponible para el uso con fines sociales. Pero si hay una planificación de clases que requiere su utilización, se va a generar el espacio para eso”, señaló a El Sol Fernando Bertonati, apoderado legal de estas instituciones.

“Buscamos que el estudiante cuando esté en la escuela, no solo aprenda saberes sino también a vincularse con los demás, porque la sociabilización es uno de los fines fundamentales de la escuela. El celular no solo distrae sino que a nivel vincular genera un montón de situaciones complejas como el bullying, agresiones, violencias o los últimos hechos que son de público conocimiento de viralizar picardías que pueden terminar hasta en un delito“, argumentaron.

Cómo será el procedimiento

Para efectivizar la medida, cada institución (a nivel secundario) deberá asegurar un sistema que garantice la seguridad de los dispositivos de los niños y adolescentes. Para los niños de primaria, la medida sugiere directamente no enviar los dispositivos al colegio.

El primer paso incluye un registro de los celulares, mediante el cual el alumno que entregue el dispositivo debe hacerlo con el rótulo de su nombre. El sistema debe definirlo la institución.

Todos los dispositivos registrados deben ser almacenados en un espacio que reúna las “condiciones razonables de seguridad, orden y control“, señala la circular. El acceso a este espacio será restringido al personal autorizado como preceptores o autoridades. La apertura y cierre de este sistema fuera de los horarios de ingreso y salida solo se realiza en momentos específicos preautorizados por el equipo directivo.

El protocolo responsabiliza a cada institución a establecer ese sistema seguro, así deba realizar modificaciones edilicias; pero no la hace responsable por “pérdidas, sustracciones o daños“ cuando los dispositivos no estén identificados. Aseguran que tampoco será responsable por situaciones “derivadas de caso fortuito, fuerza mayor o
hechos ajenos a su ámbito de control razonable“. Tampoco responderán por “pérdidas de información, datos o contenidos digitales almacenados en los dispositivos”.

A su vez, desde los colegios señalaron que, con esta medida, los padres no podrán comunicarse con los alumnos de manera informal y directa, ya que toda comunicación será mediada por la institución. “Cada colegio tiene teléfono que está en manos de preceptores, quienes, ante cualquier emergencia, se comunican con la familia. Los padres pueden comunicarse con la institución también”, advirtió Bertonati.

Asimismo, el protocolo también limita el uso de dispositivos personales para el personal docente y no docente exclusivamente a situaciones vinculadas a su función.

Sanciones en caso de uso indebido

En el caso de que las autoridades detecten un uso no autorizado de celulares en la institución, se activan cuatro instancias de abordaje.

Inicialmente, solo hay una advertencia verbal con retención del dispositivo hasta que termine la jornada y un registro de la falta. Luego se convoca llama a los padres para notificarlos.

En la tercera etapa se los convoca al establecimiento para firmar un compromiso.

En la cuarta, finalmente, se aplican medidas disciplinarias conforme con el reglamento institucional como pueden ser apercibimientos o sanciones. Cada institución puede adecuar la aplicación de estas medidas.

En este marco, los estudiantes no podrán utilizar celulares durante clases, recreos ni en otros momentos dentro de la institución. Como excepción, se permitirá su uso únicamente con fines pedagógicos, cuando forme parte de una actividad planificada por el docente y cuente con autorización del equipo directivo. Los teléfonos celulares serán entregados al inicio de la jornada y devueltos al finalizar. Cada colegio implementará un sistema de guarda organizado, con mecanismos de registro, rotulación o asignación de compartimentos individuales, en un espacio específico con acceso restringido a personal autorizado. La comunicación entre la familia y la escuela se realizará exclusivamente a través de los canales institucionales vigentes, garantizando que, ante cualquier necesidad, los estudiantes puedan contactarse mediante la institución. La implementación estará a cargo de los equipos directivos de cada establecimiento, quienes adaptarán los aspectos operativos según su realidad institucional.