El juez federal Daniel Rafecas archivó este viernes la investigación sobre el viaje de Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, hacia Nueva York en el avión presidencial. La decisión se adoptó después del pedido de la fiscal Alejandra Mangano quien había sostenido que los hechos bajo análisis "no configuraban ningún delito".

La causa inició el 11 de marzo a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbon respecto de Manuel Adorni, y la presentación se circunscribió a la decisión de subir al avión presidencial a la pareja del funcionario, Bettina Angeletti, en la gira oficial hacia hacia la ciudad de Nueva York.

El texto de la denuncia sostenía que la decisión de subir a la esposa de Adorni al vuelo oficial, podría haber configurado los delitos de malversación de caudales públicos o utilización indebida de bienes del Estado.

Después de varias medidas de prueba impulsadas por la fiscal Alejandra Mangano, uno de los puntos centrales era lograr verificar si hubo perjuicio económico al Estado.

A partir de los informes aportados tanto por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación respecto de la aeronave de la flota oficial, así como por la Jefatura de Gabinete de la Nación respecto de los restantes gastos de viaje; ”no se advierte” la comisión de los delitos denunciados.

Se analizó para arribar a esa conclusión, la situación alrededor del avión: Se confirmó que Angeletti viajó en el Boeing 757-200 como invitada del Poder Ejecutivo, sin cargo oficial. El avión tiene 39 plazas y en los tramos realizados viajaban entre 10 y 14 personas, por lo que sobraba espacio.

Respecto a los gastos de estadía, la fiscalía detalló que los hoteles en Miami y Nueva York “fueron facturados a nombre de Adorni y pagados con tarjeta corporativa, pero se determinó que eran habitaciones dobles sin costo adicional por la presencia de un acompañante”.

Otro punto bajo estudio fueron los viáticos y pasajes. “No se liquidaron viáticos por alimentación o movilidad para Angeletti”, se informó. Tal como había dicho el jefe de Gabinete, el pasaje de regreso desde Nueva York “no fue pagado por el Estado ni emitido por la agencia oficial (Optar S.A.U.)”, se detalló en el dictamen.

Cuando se ahondó en el pasaje de regreso del funcionario, se confirmó que sí fue costeado por el Estado, por un total de 4.900 dólares “amparado en la normativa que permite a funcionarios de "alta jerarquía" viajar en clase ejecutiva”.

Al fundamentar el pedido de archivo, la fiscal Mangano entendió que no hubo delito. En esa línea argumental, consignó que hubo un “uso legítimo de la aeronave y que el viaje se realizó en el marco de una misión oficial autorizada”.

En ese sentido se expresó que el uso del avión presidencial “para trasladar a un acompañante bajo invitación del Ejecutivo se considera un uso razonable de la “discrecionalidad presidencial” y no altera la finalidad pública del vuelo.

Sin el impulso de la fiscalía para investigar, el juez Daniel Rafecas procedió al archivo de la causa. Dijo en la resolución de 14 páginas a la que accedió Clarín: “Debo decir que habré de disponer el archivo de la presente pesquisa por inexistencia de delito”.

Al momento de fundamentar su decisión, indicó que el contenido de las diligencias probatorias preliminares realizadas por la Fiscal la “condujeron a concluir que todas aquellas circunstancias que rodearon al viaje institucional encabezado por la comitiva presidencial de la que formó parte Adorni –en su carácter de Jefe de Gabinete de Ministros-, en compañía de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti, no encuadraban en el accionar típico investigado”.

Bajo estudio estaba la posible comisión del delito de malversación de caudales públicos y sus derivados y, por lo tanto, “carecían de relevancia en términos jurídico penales”, indicó el magistrado.

Junto a esos planteos, indicó Rafecas, se debe tener en cuenta que “la falta de detección de irregularidades relacionadas con los gastos en que los nombrados podrían haber incurrido durante su permanencia en los Estados Unidos de América, así como también en la emisión de los boletos de avión expedidos en favor de estos últimos de cara a su regreso a esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, condujeron a la fiscal Mangano a descartar la “concurrencia en el caso de alguna clase de maniobra delictiva ejecutada en perjuicio de la administración pública”.