El Gobierno nacional formalizó la expulsión definitiva de un efectivo mendocino de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de rechazar el último recurso administrativo presentado en su defensa. 

La decisión quedó plasmada en el Decreto 298/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado este 29 de abril en el Boletín Oficial. 
 

El caso involucra al ex oficial ayudante, quien ya había sido cesanteado en 2025 tras un sumario interno que lo encontró responsable de una falta "muy grave".  

La sanción se sustentó, entre otros puntos, en una condena judicial previa: en enero de 2022, la Justicia mendocina le había impuesto dos años de prisión en suspenso.  

A partir de esa condena, el Tribunal de Disciplina Policial de la PSA concluyó que su conducta violaba deberes esenciales del personal con estado policial, afectando no solo el cumplimiento de sus funciones, sino también la ética, la imagen institucional y la confianza pública en la fuerza. En ese marco, recomendó su baja por cesantía, medida que luego fue adoptada por el entonces Ministerio de Seguridad.

La defensa del ex agente intentó revertir la decisión mediante un recurso de reconsideración con apelación en subsidio, pero ese planteo fue rechazado en instancias administrativas previas. Finalmente, el Poder Ejecutivo desestimó también la apelación, al considerar que los argumentos presentados no lograban cuestionar de manera concreta ni razonada la sanción aplicada.

El decreto sostiene que no se aportaron elementos capaces de desvirtuar los fundamentos del castigo disciplinario, por lo que la decisión original se mantiene firme. Además, deja constancia de que con esta resolución queda agotada la vía administrativa, cerrando así cualquier posibilidad de revisión dentro del ámbito del Estado.

De este modo, el Gobierno ratificó la expulsión del efectivo mendocino, en un caso que combina una condena penal previa con sanciones internas por incumplimientos graves dentro de la fuerza de seguridad aeroportuaria.