En un fallo sin precedentes, reconocen que una vacuna contra el Covid causó la muerte de una joven
El tribunal consideró que las pruebas médicas y científicas aportadas en la causa alcanzaron para acreditar el vínculo entre la vacunación y el desenlace fatal.
La Cámara Federal de Córdoba vinculó la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 con el fallecimiento de Melín Agustina Sartori, una joven de 24 años, y ordenó al Estado avanzar con una indemnización para la familia.
La Justicia federal emitió un fallo inédito en Argentina al reconocer la relación causal entre la aplicación de la vacuna Sputnik V y la muerte de una joven cordobesa de 24 años ocurrida en 2021. La resolución fue dictada por la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba.
Con las firmas de los jueces Liliana Navarro, Graciela Montesi y Eduardo Avalos, la Cámara resolvió que el Ministerio de Salud de la Nación deberá indemnizar a la familia de la joven con una suma equivalente a 240 jubilaciones mínimas, lo que representa cerca de 95 millones de pesos.
Según el expediente judicial, la joven murió días después de recibir la primera dosis de la vacuna rusa tras sufrir un cuadro severo de trombocitopenia, una disminución extrema de plaquetas. El tribunal consideró que las pruebas médicas y científicas aportadas en la causa alcanzaron un nivel suficiente para acreditar el vínculo entre la vacunación y el desenlace fatal.
La madre de la víctima, médica de profesión, impulsó la demanda judicial luego de que el reclamo administrativo fuera rechazado. Durante el proceso, el Ministerio de Salud reconoció la existencia de una relación entre la vacunación y el cuadro clínico, aunque argumentó que no podía avanzar con el pago mientras existiera una causa judicial abierta.
El Fondo de Reparación Covid-19, creado a través de la ley 27.573, contempla indemnizaciones para quienes hayan sufrido daños físicos vinculados de manera directa con las vacunas aplicadas durante la pandemia.
En ese contexto, la Cámara entendió que, a partir de la nueva evidencia científica internacional y de la revisión técnica realizada por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (Conaseva), el caso de la joven encuadra de manera “plena” dentro de los supuestos previstos por la ley para acceder a una reparación económica.
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