La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados de Mendoza dio luz verde al proyecto de ley que busca acelerar la desadjudicación y el desalojo de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que presenten irregularidades.

​La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, modifica la Ley Nº 4203 y el Código Procesal Civil para dotar al organismo de una herramienta judicial "eficiente y ágil". Hasta ahora, el IPV lograba revocar la adjudicación administrativa, pero el proceso de desalojo y toma de posesión física se trababa en la Justicia. Con el nuevo texto, la resolución del IPV servirá para iniciar directamente el juicio de desalojo, que pasará a tramitarse de forma rápida en los Juzgados de Paz.

​Miguel Cicala, abogado del IPV, explicó ante los legisladores que el organismo agota las instancias de notificación antes de sancionar, permitiendo incluso planes de pago. Gracias a este esquema, de 600 procesos iniciados, 513 adjudicatarios se presentaron a regularizar su situación.

​Sin embargo, en los casos críticos donde no hay respuesta, las desadjudicaciones avanzan. Las estadísticas oficiales de viviendas desadjudicadas (aún no recuperadas físicamente) muestran una tendencia en alza:

​Año 2024: 20 viviendas.

​Año 2025: 18 viviendas.

​Año 2026 (en lo que va del año): 28 viviendas.

​Con esta reforma, que ya quedó lista para ser tratada en el recinto, el Gobierno provincial busca recuperar de forma efectiva casas deshabitadas, alquiladas de forma ilegal o en mora severa, garantizando que el destino de los inmuebles sociales sea el correcto. Ver menos