En exclusiva para Vibra FM (100.3), la abogada Mariela González, representante de un amplio colectivo de ahorristas mendocinos, confirmó una resolución clave de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que trajo alivio a miles de familias damnificadas por los aumentos desmedidos en las cuotas de los planes de ahorro automotor.

La decisión judicial suspende la ejecución de deudas y el secuestro de vehículos que estaban habilitados a partir del 15 de junio, frenando temporalmente una situación que la profesional calificó como "angustiante" para los afectados.

"Es un gran alivio. La Corte ha suspendido esta segunda parte del fallo de cámara que habilitaba a las automotrices a secuestrar vehículos", explicó González durante la comunicación.

El conflicto, que ya lleva siete años de indefinición jurídica en la provincia, afecta a todas aquellas personas que suscribieron planes de ahorro hasta septiembre de 2019. Según detalló la letrada, el fallo de la Cámara de Apelaciones anterior había generado un escenario de sobreendeudamiento crítico, donde se pretendía ejecutar deudas que duplicaban o triplicaban el valor real de los rodados en el mercado.

• Deudas acumuladas: Muchos ahorristas enfrentaban deudas de entre 10 y 30 millones de pesos.
• Valor de mercado: Los mismos vehículos particulares tienen un valor de comercialización que no supera los 15 millones de pesos.
• Vulnerabilidad: Esta distorsión licuaba el valor de los bienes y colocaba a los usuarios en una situación de extrema vulnerabilidad económica, incluso peor que antes de recurrir a la justicia.

Próximos pasos procesales y plazos de la Corte

A partir de esta medida cautelar, Gonzales dijo en Vibra que "se abren nuevos plazos para que la Suprema Corte de Justicia evalúe el fondo de la cuestión, la cual incluye la nulidad de las cláusulas de valor móvil y el recalculo de las cuotas".

Las terminales automotrices (entre las que se encuentran firmas de renombre) disponen de un plazo de 15 días para contestar la resolución.

Posteriormente, el Ministerio Público Fiscal deberá emitir su dictamen correspondiente. Finalmente, se convocará al pleno del tribunal. Al tratarse de una acción colectiva, la ley de Mendoza exige el voto concordante de al menos cuatro de los siete ministros que integran el cuerpo para dictar la sentencia definitiva.

A pesar de que no existen plazos estrictos para la resolución final, la Dra. González expresó su expectativa de que el dictamen definitivo pueda concretarse antes de la finalización del año 2026 o a principios del próximo periodo.

Consultada sobre el impacto anímico en los damnificados tras años de litigio frente a las grandes estructuras empresariales, la abogada destacó la confianza mutua y el acompañamiento vecinal.

"La gente ha sostenido la causa porque ha apoyado, ha estado y sabe que no hay chances de terminar de pagar los vehículos bajo las condiciones actuales", concluyó la profesional.