La megacausa colectiva que enfrenta a miles de mendocinos con las principales terminales automotrices del país dio un vuelco trascendental en los tribunales provinciales. Tras un fallo de la Cámara de Apelaciones que ponía en jaque a los suscriptores al habilitar el secuestro y la ejecución de las unidades si no cancelaban deudas millonarias, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza intervino de urgencia.

El máximo tribunal de la provincia dispuso la suspensión inmediata de los plazos de ejecución y los secuestros de los vehículos, abriendo un decisivo compás de espera hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre los sobreprecios de las cuotas. La doctora Mariela González, abogada que representa al colectivo de ahorristas damnificados, detalló los alcances de esta medida excepcional, advirtió sobre las intimaciones «exorbitantes» que siguen enviando las empresas y alertó a los usuarios para que no firmen acuerdos particulares que los dejen fuera del amparo judicial.

La intervención del máximo tribunal provincial desactivó de forma directa el límite temporal impuesto por la Cámara de Apelaciones, el cual obligaba a los usuarios a negociar bajo la amenaza inminente de perder sus capitales. «Por suerte hoy tenemos novedades diferentes y muy favorables para la gente. El problema urgente que enfrentábamos era que la Cámara de Apelaciones, en su resolutivo, no solamente había revocado el fallo de primera instancia de la doctora Alicia Martinelli, sino que además había dispuesto que los suscriptores tenían un plazo de 60 días corridos para negociar con las automotrices las deudas acumuladas por las diferencias de la medida cautelar que venía aplicándose desde el año 2020. Tenían tiempo límite hasta el 15 de junio; en caso de no llegar a un acuerdo, las empresas quedaban habilitadas para secuestrar los vehículos de manera masiva. Era una situación absolutamente sustractiva para los ahorristas», relató Mariela González a FM Vos 94.5.

«Ante este escenario de extrema vulnerabilidad, planteé un recurso ante la Suprema Corte de Justicia el 29 de abril y el tribunal, con una celeridad asombrosa y actuando incluso de oficio por la gravedad institucional del tema, resolvió el 23 de junio dictar la suspensión urgente de esa orden de ejecución. Mientras que en otras causas los plazos dependen exclusivamente del impulso del interesado, aquí la Corte comprendió el impacto social y frenó los secuestros. Esto trae un alivio tremendo para miles de familias mendocinas y nos permite esperar con tranquilidad que los magistrados se aboquen al tratamiento del fondo de la cuestión», expresó.