La muerte de un hombre de 79 años en un hogar para adultos mayores que funcionaba por las pruebas recolectadas de manera clandestina en Las Heras derivó en una investigación judicial que terminó con la aprehensión de la responsable del lugar.

El hecho ocurrió durante la jornada del jueves en un inmueble ubicado sobre Benavente 631, donde funcionaba un geriátrico sin habilitación, según informaron fuentes consultadas por El Sol.

De acuerdo con la investigación, el establecimiento cobraba alrededor de 700 mil pesos mensuales por residente y alojaba a 10 adultos mayores. Las primeras medidas permitieron establecer que, cuando se produjo un corte de energía eléctrica, el equipo que asistía la respiración del hombre dejó de funcionar debido a las precarias condiciones del lugar.

La víctima, identificada como Raúl Pereira, padecía Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en estado avanzado, una patología que provoca una obstrucción progresiva del flujo de aire hacia los pulmones y que, en sus etapas finales, suele requerir asistencia permanente con equipos de oxigenoterapia o soporte respiratorio.

Las primeras actuaciones judiciales sostuvieron que, en lugar de solicitar de inmediato una ambulancia o trasladar al paciente a un centro asistencial, quienes estaban a cargo del hogar aguardaron a que se restableciera el suministro eléctrico. Como la luz no regresaba, finalmente dieron aviso al hijo de Pereira, quien trasladó a su padre en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Sin embargo, según señalaron fuentes del caso, “llegó muerto”.

La investigación quedó inicialmente en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien ordenó allanamientos en el establecimiento y dispuso la aprehensión de la mujer señalada como propietaria y responsable del geriátrico.

Durante los procedimientos se secuestró documentación y otros elementos considerados de interés para reconstruir el funcionamiento del lugar y las circunstancias que rodearon la muerte del adulto mayor.

En paralelo, participaron inspectores de la Municipalidad de Las Heras y personal del Ministerio de Salud, quienes avanzaban con las actuaciones administrativas para la clausura del establecimiento. Los investigadores buscaban durante esta jornada determinar si existían habilitaciones, controles sanitarios y las condiciones en las que permanecían alojados los residentes.

Por disposición judicial, el expediente será remitido en las próximas horas a la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, donde continuará la instrucción.

Por lo que detallaron las fuentes, la mujer detenida sería imputada por abandono de persona seguido de muerte, un delito que el Código Penal castiga con penas de 5 a 15 años de prisión (no es excarcelable), mientras la fiscalía profundizará la búsqueda de más pruebas para avanzar en el caso.