La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se convirtió en una de las principales prioridades legislativas del Gobierno nacional para el segundo semestre. La Casa Rosada apunta a conseguir la media sanción del proyecto durante septiembre y, en paralelo, intensificó las negociaciones políticas con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios en el Senado y consolidar una mayoría estable de cara al calendario electoral de 2027.

En el oficialismo aseguran que el objetivo es llegar a la sesión con una base cercana a los 37 senadores, un número que permitiría garantizar el quórum y reducir la dependencia de acuerdos de último momento. El cálculo del Gobierno parte de las 21 bancas de La Libertad Avanza, a las que espera sumar respaldos de sectores del radicalismo y del interbloque Impulso País, integrado por el PRO, Provincias Unidas, Independencia y Despierta Chubut.

Aunque esos espacios reúnen más legisladores, en Balcarce 50 realizan una proyección más conservadora y trabajan sobre un escenario de alrededor de 35 votos asegurados, con la intención de sumar apoyos adicionales antes del tratamiento del proyecto.

El acuerdo con el PRO y la UCR, la clave de la estrategia

La negociación legislativa avanza en paralelo con el armado electoral para 2027. El Gobierno busca que los acuerdos políticos que está construyendo en distintos distritos también se traduzcan en respaldo parlamentario para las iniciativas que considera prioritarias.

El entendimiento más avanzado es con el PRO, con el que ya funciona una mesa de coordinación que se reunirá cada quince días. El oficialismo pretende incorporar la suspensión de las PASO dentro de esa negociación, mientras que el macrismo busca garantías sobre el futuro armado electoral antes de resignar una herramienta clave para la definición de candidaturas.