El pronunciamiento del presidente Javier Milei durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) -donde tildó a Malvinas como una “causa nacional”, solicitó sanciones para las empresas petroleras que operan sin autorización y cuestionó la falta de efectividad del organismo internacional-tuvo una dura respuesta desde Gran Bretaña.

A través de un comunicado oficial, el Reino Unido rechazó de plano reanudar las negociaciones sobre la soberanía y ratificó su postura histórica basada en la autodeterminación de los habitantes del archipiélago usurpado en 1833.

El cruce se produjo luego de que el jefe de Estado argentino denunciara el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias británicas que la Casa Rosada considera “ilegales e ilegítimas”. Asimismo, Milei acusó a las Naciones Unidas de “mirar para otro lado” y de incumplir la resolución 31/49 -que prohíbe las modificaciones unilaterales en la zona en disputa-, al tiempo que remarcó que el principio de libre determinación no resulta aplicable al tratarse de una “población implantada”.

La respuesta británica

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, esgrimió el Reino Unido al respecto.

Desde Londres argumentaron que el derecho a decidir su condición política se encuentra amparado en la Carta de la ONU y en el artículo 1 de los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si bien el Ejecutivo británico reconoció que toma nota de que la Argentina cita de forma permanente las resoluciones internacionales que instan a entablar un diálogo, advirtió que dichas declaraciones “no modifican ni diluyen la obligación de las naciones de respetar el derecho jurídicamente vinculante de autodeterminación”.

El texto cuestionó la postura del Gobierno nacional: “Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía. Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”.

Para reforzar la posición de la corona, la publicación recordó la consulta popular llevada a cabo en el archipiélago hace trece años: “En 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre el futuro de las Islas. El resultado del referéndum fue que, con una participación del 92%, el 99,8% votó por mantener el estatus actual de las Islas como territorio autónomo del Reino Unido”. Por esta razón, sentenciaron que “no puede haber diálogo sobre soberanía a menos que los isleños de las Malvinas así lo deseen”.

Explotación de hidrocarburos y rechazo a las sanciones anunciadas por Milei

Otro de los puntos de fricción central en el discurso de Milei ante la Asamblea General fue el anuncio de medidas legales y sanciones contra las firmas y proveedores involucrados en la extracción no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur.

En respuesta a este punto, el Reino Unido defendió el avance de la actividad extractiva en la zona sosteniendo que es “una actividad comercial legítima regulada por la legislación del Gobierno de las Islas, en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” y remarcando en paralelo que “la legislación interna argentina no se aplica a las Islas Malvinas“.

“Los esfuerzos continuos para obstaculizar y hostigar a las empresas internacionales involucradas en los hidrocarburos de las Islas Malvinas constituyes un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional”, concluyeron.