El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dispuso por decreto un aumento salarial para los empleados judiciales de la provincia, luego de que las negociaciones paritarias con la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios Judiciales finalizaran sin consenso.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 1969, firmado el 18 de septiembre, que establece dos incrementos para el segundo semestre de 2026: un 7% correspondiente a septiembre y otro 4% en noviembre.

De acuerdo con lo establecido en la normativa, ambos porcentajes se calcularán sobre la asignación de clase correspondiente a junio de 2026. De esta manera, el incremento acumulado será del 11% sobre esa base, sin capitalización entre los dos tramos.

El aumento alcanzará exclusivamente a los empleados judiciales comprendidos en el régimen salarial 10, clases 8 a 23, inclusive.

Los incrementos se aplicarán sobre la asignación de clase, identificada como ítem 1003, por lo que no necesariamente representarán un 11% sobre la totalidad del salario de bolsillo de cada trabajador.

La medida deberá ser ratificada por la Legislatura provincial para su continuidad.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial explicó que la decisión se tomó luego de varias instancias de negociación con el gremio judicial, que rechazó las propuestas salariales por considerarlas insuficientes.

Según consta en el documento, las diferencias entre las partes quedaron registradas en las actas paritarias del 12 y el 24 de junio.

El Gobierno sostuvo que había presentado propuestas progresivas con el objetivo de alcanzar un acuerdo, pero que no logró reunir el consenso necesario con los representantes de los trabajadores judiciales.

Además, el Ejecutivo argumentó que la falta de acuerdo había generado una desigualdad salarial respecto de otros sectores de la Administración Pública provincial que sí aceptaron las ofertas salariales.

En ese sentido, el decreto señala que la decisión busca garantizar un tratamiento equitativo para los empleados judiciales y mantener la coherencia de la política salarial del Gobierno de Mendoza.