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El Gobierno nacional introdujo nuevas modificaciones al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, antes de su tratamiento en la Cámara de Diputados. El nuevo borrador cambia la integración del organismo encargado de coordinar las políticas estratégicas de defensa y acota las conductas que podrán recibir sanciones por injerencia extranjera en procesos electorales.

La iniciativa será debatida este miércoles 18 de noviembre, en una sesión especial convocada para las 12. El oficialismo busca obtener la aprobación general, aunque todavía mantiene negociaciones con los bloques aliados para conseguir los votos necesarios durante el tratamiento de algunos artículos.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es el título VII, que incorpora modificaciones a la legislación electoral y al Código Penal. Como incluye cambios en materia electoral, ese capítulo requiere 129 votos afirmativos para ser aprobado, una mayoría que el oficialismo aún no tiene garantizada.

Entre las modificaciones del último borrador se encuentra el cambio de nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos. Además, el Ministerio de Seguridad dejará de integrar el organismo de manera permanente y podrá ser convocado cuando resulte necesaria su intervención.

El Consejo estará presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el secretario de Legal y Técnica. También se contempla la participación de autoridades legislativas y gobernadores como miembros no permanentes.

Otro de los cambios se concentra en el artículo 129, referido a las sanciones por campañas de injerencia extranjera. El nuevo texto elimina la referencia al sabotaje y las acciones destinadas a afectar la libre formación de la voluntad política de la población.

Además, establece que para configurar el delito la persona deberá conocer la naturaleza de la campaña y actuar con esa finalidad específica. También excluye de las sanciones a quienes compartan o adhieran a contenidos u opiniones en redes sociales sin recibir financiamiento ni instrucciones de agentes extranjeros.

Pese a estos ajustes, algunos bloques aliados mantienen sus objeciones. Entre sus cuestionamientos señalan que las definiciones podrían alcanzar actividades legítimas de sindicatos, organizaciones sociales y cámaras empresariales. También advierten sobre las restricciones al financiamiento extranjero para la organización y dirección de campañas electorales.

El proyecto incluye, además, un régimen de sanciones penales y económicas para las empresas que exploten recursos naturales renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Las penas podrían alcanzar hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas, socios y proveedores, con determinadas excepciones.

En este último punto, la nueva redacción limita la responsabilidad de los proveedores a los casos en que los bienes o servicios suministrados sean indispensables para la actividad no autorizada y exista conocimiento, o la posibilidad razonable de conocer, el destino de esos recursos.

La iniciativa también establece un mecanismo de revisión de determinadas inversiones de Estados extranjeros o empresas bajo su control en sectores considerados estratégicos, como energía, minería, hidrocarburos, telecomunicaciones y defensa. Este apartado genera cuestionamientos de Unión por la Patria, que advierte sobre sus posibles efectos en las decisiones de las provincias.

El proyecto contempla, además, la posibilidad de adoptar medidas urgentes ante amenazas externas graves, como restricciones a operaciones financieras y cambiarias, bloqueos temporales de fondos, suspensión de autorizaciones y limitaciones a importaciones y exportaciones. Para supervisar estas decisiones, se incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso, que deberá recibir información del Poder Ejecutivo en un plazo máximo de 48 horas.

La sesión de Diputados también incluye el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios y la transferencia de competencias judiciales penales y de menores a la Ciudad de Buenos Aires.

Autor: admin