Escuchar artículo

El Gobierno nacional modificó los requisitos para que una empresa sea considerada proveedora local dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A partir de ahora, las compañías constituidas y radicadas en Argentina podrán acceder a esa categoría sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni quién controle su capital.

El cambio quedó establecido mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y tendrá impacto en las cadenas de abastecimiento de los grandes proyectos mineros, energéticos y de infraestructura.

Hasta ahora, para ser considerada proveedora local, una empresa debía estar constituida y domiciliada en el país y, además, al menos el 51% de su capital o los votos necesarios para controlar sus decisiones debían pertenecer a personas o compañías con domicilio fiscal en Argentina.

La nueva reglamentación eliminó esta segunda condición. De esta manera, las filiales argentinas de grupos extranjeros podrán ser reconocidas como proveedoras locales, aunque la totalidad de sus accionistas sean de otros países.

La modificación tiene especial relevancia porque los proyectos adheridos al RIGI deben comprometer la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20% del monto de inversión destinado a la compra de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.

El decreto no modifica ese porcentaje, sino que amplía la cantidad de empresas que pueden contabilizarse para cumplirlo. Así, las subsidiarias de compañías internacionales podrán competir por una parte de los contratos vinculados con proyectos de minería, petróleo, gas e infraestructura.

Entre las iniciativas alcanzadas se encuentran los proyectos de cobre Vicuña y Los Azules, en San Juan; Agua Rica, en Catamarca; el desarrollo de litio Rincón, en Salta; y las inversiones previstas en Vaca Muerta, gasoductos, oleoductos, plantas de procesamiento y parques eléctricos.

En el caso de los bienes, la normativa establece que no alcanza con que el proveedor tenga domicilio en Argentina: los productos también deberán cumplir con los criterios de origen nacional previstos por el Mercosur.

Según los fundamentos de la medida, el objetivo del Ejecutivo es facilitar la incorporación de empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro y ampliar la cantidad de oferentes. Desde el Gobierno sostienen que la composición del capital no debería ser un impedimento para que una firma participe como proveedora local.

Sin embargo, el cambio generó cuestionamientos entre industriales y abastecedores nacionales. Desde ese sector advierten que la nueva definición hará que las empresas argentinas deban competir por el cupo con filiales de grandes grupos internacionales, que pueden contar con mayor escala, financiamiento, tecnología y experiencia en operaciones de otros países.

La discusión ya había aparecido durante una ronda de negocios del RIGI realizada a fines de octubre en Rosario, donde participaron 1.800 empresas y 43 grandes proyectos compradores. En ese encuentro, cámaras industriales y proveedores plantearon que la radicación formal de una compañía no necesariamente garantiza fabricación, generación de empleo o valor agregado en el país.

Además, la modificación se cruza con los regímenes provinciales. San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja cuentan con registros o mecanismos propios que incorporan criterios como domicilio, antigüedad, empleo provincial, facturación local o asociación con firmas de cada jurisdicción.

Autor: admin