El Gobierno nacional resolvió mantener suspendidas 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, entre ellas las de 701 mendocinos que no cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Los beneficiarios tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar la documentación que acredite que reúnen las condiciones necesarias para continuar percibiendo la prestación.

La decisión reaviva un conflicto que lleva más de dos años y que tuvo distintas instancias administrativas y judiciales. En muchos casos, los titulares primero sufrieron la baja de sus pensiones, luego consiguieron recuperarlas por orden judicial y ahora vuelven a encontrarse con la suspensión del beneficio.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) fundamentó la medida en la falta de presentaciones o de antecedentes médicos y socioeconómicos suficientes para justificar la continuidad de las prestaciones.

Sin embargo, organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad cuestionaron el procedimiento de notificación y denunciaron la paralización de trámites que ya estaban iniciados.

Desde el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, reconocieron que las notificaciones suelen representar una dificultad para los beneficiarios, aunque aclararon que el organismo provincial no tiene competencia para gestionar las pensiones. Esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la Senadis y a la Anses.

El conflicto comenzó en 2024, cuando el Gobierno nacional puso en marcha una auditoría masiva sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

En septiembre de ese año, mediante el Decreto 843, endureció las condiciones para acceder y mantener el beneficio. Entre los requisitos establecidos se incluyeron una incapacidad laboral del 66% o superior y criterios socioeconómicos más estrictos. Además, se facultó a la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a realizar controles sobre los titulares.

Durante 2025 comenzaron las citaciones a través de cartas documento para que los beneficiarios concurrieran a las evaluaciones médicas. La falta de presentación o las inconsistencias en la documentación derivaron en la baja de más de 100.000 pensiones en todo el país, entre ellas numerosas prestaciones correspondientes a mendocinos.

La situación llegó a la Justicia. En septiembre de 2025, a partir de un amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo de Catamarca y organizaciones vinculadas a la discapacidad, el Juzgado Federal N° 2 de esa provincia ordenó suspender las auditorías y restituir las pensiones afectadas.

Inicialmente, la resolución tenía alcance provincial, pero un mes después el mismo juzgado extendió la medida a todo el país.

Para cumplir con esa decisión, la Agencia Nacional de Discapacidad publicó la Resolución 13901, que dispuso restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas. En noviembre de 2025, el juzgado resolvió la cuestión de fondo, declaró inválidas las bajas y prohibió nuevas suspensiones.

Sin embargo, el escenario cambió en febrero de 2026. Tras una apelación del Gobierno nacional, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó el fallo y habilitó nuevamente las suspensiones.

El argumento fue que no existía una situación homogénea entre todos los beneficiarios que permitiera resolver el conflicto mediante una acción colectiva. Por ese motivo, se indicó que cada persona afectada debía presentar su reclamo por la vía administrativa o judicial de manera individual.

El 23 de octubre, el Gobierno nacional publicó la Resolución 3695, que dejó sin efecto la restitución cautelar dispuesta en 2025 para un primer grupo de 21.812 titulares.

Según la Senadis, se trata de personas que no habrían presentado la documentación respaldatoria requerida después de haber sido notificadas. Dentro de ese conjunto se encuentran los 701 mendocinos.

A esa medida se sumó una nueva resolución, la 3702, publicada el martes pasado, mediante la cual se dispuso la suspensión de otras 4.329 pensiones por falta de documentación médica.

De esta manera, el proceso de revisión de las prestaciones continúa y vuelve a poner en alerta a los beneficiarios y a las organizaciones que reclaman mayores garantías para evitar que las personas con discapacidad queden sin ingresos por dificultades administrativas.

Cómo presentar la documentación

Las personas notificadas para reempadronarse cuentan con alternativas para presentar la documentación, tanto de manera virtual como presencial.

Por internet, pueden ingresar a la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Gobierno nacional y buscar el trámite denominado "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".

El acceso directo está disponible en:
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=6058

También pueden enviar la documentación por correo electrónico a citacion@senadis.gob.ar.

Los documentos y datos requeridos son:

• DNI, frente y dorso.
• Documentación médica que respalde la situación de salud.
• Certificado Médico Oficial (CMO).
• Domicilio real.
• Datos de contacto, incluido un correo electrónico.

Para realizar consultas también está disponible el formulario del Ministerio de Salud de la Nación:
https://www.argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud

De manera presencial, los beneficiarios pueden acercarse a las oficinas o Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI para realizar consultas y recibir orientación. Las direcciones de las dependencias pueden consultarse en:
https://www.pami.org.ar/agencias-ugls

En Mendoza también pueden acudir a las dependencias de atención de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ubicadas en la intersección de las calles Perú y Las Heras.

No obstante, organizaciones representantes de personas con discapacidad advirtieron sobre la falta de recursos y personal para atender la demanda en esa sede, una situación que podría complicar el cumplimiento de los plazos establecidos por el Gobierno nacional.