El insólito motivo por el cual Irrigación evitaba suspender a una inspectora de cauce

El titular del organismo, Sergio Marinelli, confirmó la sanción contra María Emilia Scatolón, a cargo de la zona donde a comienzos de septiembre se halló agua empetrolada. “No rinde cuentas”, aseguró

El titular de Irrigación, Sergio Marinelli, admitió que el Tribunal Administrativo del organismo dilataba la sanción contra María Emilia Scatolón, inspectora de cauce del canal matriz Lunlunta-Río Mendoza, para “no perder a una mujer” en el organigrama.

Scatolón, que fue suspendida por dos meses por irregularidades administrativas, está a cargo de la zona donde a comienzos de septiembre se halló agua y tierra empetrolada.

“Hace varios años que realmente debiera haberse suspendido a esa inspectora porque no rinde cuentas, no hay comprobantes de todo lo que hace, no hay bonos de sueldo”, destacó Marinelli, quien además confirmó que la Asamblea Ordinaria no le aprobó la rendición de cuentas del año 2022.

En ese contexto, el funcionario lanzó una llamativa explicación por la postergación de la sanción, teniendo en cuenta esos “reiterados incumplimientos”. Por un lado, aseguró que Scatolón “siempre” solicitaba nuevas oportunidades. Y agregó: “Hay pocas inspectoras de cauce, también eso influyó en tratar de dilatar la cosa, para que no perdiéramos a una mujer participando”.

En concreto, Scatolón fue sancionada por no presentar en tiempo y forma la rendición de cuentas del ejercicio 2022. También la acusaron de realizar distintas maniobras (desde presentar un correo electrónico presuntamente falso a negarse a recibir una cédula oficial en su domicilio) para evitar ser notificada sobre una citación a la indagatoria.

Marinelli confirmó que la inspección de cauce del canal matriz Lunlunta-Río Mendoza quedó a cargo de la primera delegada. “En la medida que se puedan corregir estos temas y encontrar los comprobantes, seguirá en manos de los usuarios. Si no, corresponderá la intervención”, señaló.

Agua empetrolada en Maipú

El mes pasado, en medio de trabajos realizados por tomeros e inspectores de cauce para drenar el terreno y evitar que el exceso de agua afecte la producción, máquinas retroexcavadoras de Irrigación abrieron pequeñas “sangrías” o zanjas con dirección al río Mendoza. En ese momento, del suelo comenzó a brotar una sustancia líquida con posibles restos de petróleo.

Según expertos del sector hidrocarburífero, se trataría de un pasivo ambiental de larga data. Incluso advirtieron que “es altamente probable” que tenga más de 30 años. La Fiscalía de Delitos Ambientales, que investiga el hecho, maneja la misma hipótesis.

Tras el hallazgo del derrame, YPF fue intimada a ejecutar tareas de monitoreo y remediación básica, como la remoción manual del material presuntamente contaminado y la colocación de barreras oleofílicas, que contienen, absorben y aíslan líquidos peligrosos.

Por su parte, la petrolera que tiene la concesión del yacimiento Barrancas presentó su propio plan de acción que incluye un estudio de caracterización de la nueva situación ambiental, un análisis cuantitativo de riesgo (ACR) tras obtener los datos analíticos y medidas de remediación basadas en esos resultados.